Por Jasmín López Montiel*
Garantizar el derecho a la salud para las personas con discapacidad (PCD) es uno de los retos que trajo la pandemia por COVID-19. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) ha sido fundamental, se ha abierto un abanico de posibilidades, pero también han mostrado la desigualdad en el acceso, manejo y aprovechamiento de la tecnología entre las personas con discapacidad.
Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos, instituciones médicas y de la sociedad civil comenzaron a generar contenidos informativos y herramientas sobre la prevención, cuidados y curso del COVID-19. La gran mayoría de estos contenidos no fueron diseñados para ser consultados por cualquier persona, así que muchos de ellos fueron inaccesibles para las personas con discapacidad (PCD), otros contaban con algún grado de “accesibilidad digital incidental” al ser diseñados con herramientas que la incorporan, y la menor parte fueron pensados con una perspectiva de discapacidad.
En muchos casos, fueron las demandas de acceso a la información y atención médica de las propias PCD que lograron concretar acciones como: que las comunicaciones gubernamentales sobre la pandemia contarán con interpretación en lengua de señas, la elaboración de diferentes documentos digitales sobre atención a PCD, folletos informativos sobre Covid-19 en formato digital .PDF, accesible para lectores de pantalla, y formatos de lectura fácil. Por otra parte, la “digitalización” de servicios como teleconsultas, entrega de resultados de laboratorio, compra de medicamentos en línea y mediante Apps, además de la impartición de cursos y talleres sobre salud, abrieron posibilidades de acceso e independencia a algunas PCD.
Que las PCD puedan disfrutar de esta gama de bienes, no sólo en el contexto de la pandemia sino como parte de un “nuevo sistema de salud” cruza por diversos factores, como conocimiento y destreza de ellos y ellas para manejar tecnologías de asistencia, acceso tecnológico y conectividad. Además implica que quienes generan contenidos o brindan servicios utilicen correctamente las herramientas que existen en el mercado e incorporen opciones de accesibilidad digital, que haya conciencia sobre buenas prácticas para brindar contenidos y servicios digitales accesibles, y que exista una reglamentación para que desde lo público y lo privado se considere el diseño universal.
Disminuir la brecha tecnológica y aprovechar el potencial de las TICs requiere de una construcción en colectivo que incluya a los diferentes actores sociales pero que se genere desde y para las personas con discapacidad, donde sus vivencias, sentires y pensares hagan parte del diseño que le permita, a cada persona, gestionar activa e informadamente su bienestar físico y mental.
*Asistente académica especializada en El “Programa Letras Habladas” de la Universidad Autónoma de la ciudad de México